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Fuente: EL UNIVERSO

En un año y medio de investigaciones la fiscal general Diana Salazar asegura que ha podido recabar evidencia que le permite presumir que existe un grupo de funcionarios y exfuncionarios públicos de la Contraloría General del Estado (CGE), de la empresa pública Petroecuador, de la Secretaría General de la Presidencia de la República y de personas particulares que conforman una estructura organizada con la finalidad del cometimiento de delitos que atentan contra la eficiencia de la seguridad pública del país.

Para Salazar, la delincuencia organizada, por la que formuló cargos la noche del martes último ante el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Felipe Córdova, engloba los hechos que se investigan de forma previa desde julio del 2019. La noche del martes último, la Fiscalía pidió órdenes de detención con fines investigativos contra 14 personas, pero finalmente solo han sido procesadas nueve.

En esos hechos ilícitos, según Fiscalía, estarían relacionados el contralor subrogante, Pablo Celi de la Torre; el ex secretario general de la Presidencia, José Agusto Briones; los hermanos de ambos, Esteban Celi y Luis Agusto Briones, respectivamente; Ángelo R., Andrés L., Silvia L., Elsie Cueva, y Natalia Cárdenas, exasesora del exgerente de Petroecuador Pablo Flores.

Más de seis horas de audiencia y hora y media de análisis le sirvieron al juez Córdova para ordenar la prisión preventiva de los siete primeros procesados, el no emitir para Cueva ninguna medida cautelar y ordenar su libertad inmediata, y definir para Cárdenas la presentación periódica cada ocho días en la secretaría de la Sala Penal de la CNJ desde el lunes 19 de abril próximo, el uso del grillete electrónico y la prohibición de salida del país.

 

Siete horas después de haberse ordenado la prisión preventiva, Celi, Agusto Briones y otros cuatro procesados hombres fueron ingresados en la Cárcel 4, en Quito; y Silvia L. fue llevada a la Cárcel de Mujeres en Chillogallo, en el sur de la ciudad.

En la formulación de cargos, Salazar presentó 16 elementos de convicción, entre los que constaban cuatro versiones (por ejemplo, Luis Miño Morales, funcionario de la CGE; la procesada Natalia Cárdenas), oficios, informes periciales que contendrían la extracción de audio y transcripción donde se evidenciaría la coordinación para la entrega de pagos indebidos, decretos ejecutivos con que se designa a José Agusto Briones secretario de la Presidencia y ministro de Energía y Recursos No Renovables, y dos asistencias penales internacionales solicitadas a Estados Unidos.

Salazar recordó en su exposición que, en junio del 2019, José Raúl de la Torre, sobrino del contralor Celi, y Roberto Barrera fueron detenidos en Estados Unidos por delitos relacionados con lavado de activos. En ese país, ambos ya recibieron una sentencia luego de que reconocieron haber solicitado un soborno de $ 3,5 millones a una contratista de Petroecuador para obtener un nuevo contrato y mantener los que ya tenía con la estatal petrolera.

Esa información habría servido de base para iniciar una investigación previa en la que se habría evidenciado que un grupo de funcionarios públicos y personas particulares conformaron una estructura organizada, cuya finalidad era cometer “varios delitos” contra la seguridad pública y la eficiencia de la administración pública.

Los líderes de esta organización ocupaban altos cargos públicos, dijo la fiscal Salazar, y añadió que los miembros de la estructura habrían exigido pagos indebidos a cambio del desvanecimiento de glosas y el cumplimiento de pagos de planillas correspondientes a contratos suscritos entre Petroecuador y la empresa Nolimit S.A., entre el 2017 y el 2020.

 

Diana Salazar considera que todos los procesados son autores directos del delito de delincuencia organizada.

Del contralor Celi dijo la fiscal que él dio la disposición de desvanecer cinco glosas para beneficio de la empresa Nolimit por $ 13 millones; de José Agusto Briones afirmó que abusando de su cargo solicitó a Pablo Flores, entonces gerente de Petroecuador, que mantenga en la institución a José Raúl de la Torre, quien exigía la entrega de dádivas a la empresa Nolimit S.A.

Para Fiscalía, Luis Agusto Briones fue delegado por su hermano para prestar sus cuentas, figuraría como beneficiario final que recibía el dinero mediante empresas en el extranjero y consignó cuentas bancarias de una empresa costarricense; mientras que de Esteban Celi se refirió que gestionaba el desvanecimiento de glosas aprovechando las influencias de su hermano, solicitando la entrega de dádivas para el efecto.

De Cárdenas se dijo que ella formó parte activa del grupo ilícito y tuvo un porcentaje del beneficio final; de Elsie Cueva, que era una persona encargada de cobrar cheques entre 2017-2019 y no registra ninguna actividad económica; y de Silvia L., que era accionista de varias empresas petroleras, que tenía como cliente a Luis Agusto Briones desde el año 2018, y que habría sido designada por el entonces secretario Agusto Briones para recibir beneficios de esta organización.

A decir de Jorge Luis Ortega, abogado de Celi, las versiones presentadas en este caso no se corroboran con los otros elementos expuestos por la fiscal Salazar en audiencia. Además, indicó, la asistencia penal internacional de Estados Unidos no daría cuenta de que su cliente recibió algún tipo de beneficio económico de las glosas que habrían desvanecido ante una supuesta disposición suya.

Ortega explicó que quienes suscriben estas resoluciones que dan cuenta del desvanecimiento de estas glosas son otros funcionarios de la CGE y no el contralor Celi. Además refirió que para el desvanecimiento de las glosas en cuestión son suscritas resoluciones que datan de septiembre del 2018, mes que el contralor habría estado de comisión de servicios en el exterior.

Rechazó Ortega el argumento de versionantes que laboraban en la Contraloría de que Celi solicitó verbalmente el desvanecimiento de glosas y aseguró que por el monto y el trámite administrativo de la CGE al contralor Celi no le faculta la ley que delegue a funcionarios ser los que suscriban estos documentos, pues ellos podrían hacerlo sin la necesidad de que exista una delegación u orden de Celi.

El abogado de Celi cuestionó que la asistencia penal internacional hable de que las coimas supuestamente habrían sucedido en el 2019 y la fiscal Salazar indica que estas coimas se pagaban con el fin de que se desvanezcan estas glosas para poder acceder a los cobros de las planillas que tenía pendientes de pago la empresa Nolimit con Petroecuador. “Cómo es posible que un año después se vengan a hacer estos pagos cuando ya las resoluciones eran para desvanecer glosas que les servían a la empresa para poder cobrar planillas del año 2018”. (I)

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