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Fuente: EL UNIVERSO

Desde el retorno a la democracia, Ecuador registra una debilidad institucional marcada por gobiernos que no logran concluir su periodo, congresos en los que se construyen mayorías coyunturales sin objetivos a largo plazo, cambio de constituciones con nuevos parámetros legales e institucionales, y creación y disolución de instituciones de acuerdo con la creencia de cada gobierno de turno.

Todos estos factores están atravesados por denuncias de corrupción, falta de independencia de funciones, autoridades que se aferran al cargo y entran en pugna, vacíos legales para definir lo que se debe hacer en casos específicos de ausencia de autoridad y pugnas de poder.

En los últimos meses y años, estos elementos se han puesto de manifiesto con casos como el de la Contraloría General del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la Defensoría del Pueblo y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

La labor de la Contraloría, institución dedicada a controlar el uso del dinero público, está cuestionada porque su principal autoridad, Pablo Celi, que subrogó en funciones a Carlos Pólit que está prófugo de la justicia, también está siendo procesado en el caso Las Torres por el delito de delincuencia organizada. Por un vacío legal, Celi continuaba despachando desde la cárcel, hasta que fue remplazado por Valentina Zárate y ahora por Carlos Riofrío, nombrado por el mismo Celi.

La situación del CPCCS, creado con la Constitución del 2008, también ha derivado en momentos de inestabilidad. Con la consulta popular de Lenín Moreno, se designó un Consejo transitorio que cambió a todas las autoridades de las instituciones de justicia y control estatal, provocando un nuevo remezón en el sistema judicial del país.

Pero la existencia de este Consejo, por sí mismo, está siendo cuestionada desde el periodo legislativo anterior en el que ya se analizaron dos enmiendas, una para modificar sus funciones y otra para desaparecerlo. Ahora, el actual gobierno de Guillermo Lasso también piensa en una consulta popular con el fin de terminar con la existencia de este organismo, creado para promover la participación ciudadana en la elección de autoridades de control, con el fin de despartidizar estos organismos.

En cuanto a la Defensoría del Pueblo, la institución desarrolló su trabajo con normalidad hasta que, su cabeza, Freddy Carrión fue detenido y procesado por un presunto delito de violencia sexual. A partir de ahí, se generó una pugna por el cargo e inestabilidad institucional.

Igual, desde la cárcel, Carrión dispuso el cese de Zaida Rovira, quien solicitó al Consejo de Participación nombrar un defensor del Pueblo encargado hasta nombrar al titular. El funcionario detenido y aún defensor también nombró a Tania Castillo, delegada en Carchi de la Defensoría, como nueva vicedefensora del Pueblo, para que lo subrogue en su ausencia. Al momento, Rovira sigue de subrogante.

Contraloría y Defensoría esperan resoluciones del CPCCS para designación de autoridades.

Finalmente, en el Municipio de Quito Jorge Yunda y Santiago Guarderas llevan más de sesenta días en pugna por el cargo de alcalde, con procesos legales que se dirimen en instancias electorales y judiciales, sin que hasta ahora se vislumbre una salida y afectando la toma de decisiones en la institución que, en menos de una semana, siguió los lineamientos de Yunda, luego de Guarderas y después, de nuevo de Yunda.

 

Una de las consecuencias de esta permanente inestabilidad institucional es la desconfianza en la ciudadanía. Según una investigación de Click Report, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura, la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral y la Contraloría General del Estado tienen menos del 50 % de “mucha confianza” ciudadana, entre 45,79 %, empezando con la Fiscalía y el 17,76 %, terminando con la Contraloría, en ese orden.

Entre las instituciones en las que los ciudadanos “confían mucho” son: la Iglesia católica con el 73,84 %, las Fuerzas Armadas con 69,21 %, el presidente Guillermo Lasso con 68,82 % y la Policía nacional con 54,21 %.

En el Plan de Gobierno 2021-2025, el actual presidente Guillermo Lasso definió lo institucional como uno de sus ejes de trabajo. Lasso habla de debilidad institucional, de recuperar el respeto y la credibilidad en el sistema judicial, de que padecemos una maraña regulatoria que genera incertidumbre y dificultad para comprender que se debe rescatar la seguridad jurídica, reformar el Consejo de la Judicatura y respetar la independencia judicial.

“Con esfuerzo, transparencia, respeto al Estado de derecho y visión de país restituiremos la confianza”, señala Lasso en su Plan de Gobierno.

Mauricio Alarcón-Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), señala que la debilidad institucional es un tema permanente en Ecuador, que es necesario comprender que una democracia se fundamenta en el Estado de derecho, un Estado regido por leyes y no por personas, y en que las leyes marcan la cancha de funcionamiento de las instituciones.

“Cuando se genera un sistema personalista, caudillista, se destruye el Estado de derecho y la institucionalidad y haces que las decisiones no dependan de lo que dice la ley, sino de lo que las personas creen que dice la ley. Durante los 43 años de democracia en Ecuador hemos tenido problemas de institucionalidad, porque hemos estado sujetos a las personas más que a las normas”, expresa.

Pablo Ruiz, analista político y catedrático de la Universidad Internacional del Ecuador, manifiesta que el problema no son las instituciones, sino las personas que las usan y partidizan. Agrega que antes se tenía un presidente que utilizaba el CPCCS para “amañar” un poco los concursos, la Fiscalía a “vox populi” terminan siendo amigos de los partidos políticos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) que está repartido entre partidos políticos.

“Una institucionalidad fuerte es cuando son instituciones inclusivas y democráticas (...) Nosotros tenemos instituciones extractivas (no inclusivas) y no democráticas (se partidizan, cada cuatro años cambian, de acuerdo con el régimen y eso afecta)”, asegura.

Sandra Argotti, catedrática y exsecretaria de Planificación, sostiene que las estructuras institucionales están detenidas en el tiempo, que se mantienen egos políticos que son los enemigos fuertes de cualquier gestión, pues “los planes, programas y proyectos de anteriores modelos o gobierno no son valorados”.

“Un gobierno dura cuatro años, si parte de cero y no valora lo que hicieron otros gobiernos por el ego político, el primer año es perdido. Los países desarrollados continúan, fortalecen y crean labores (para fortalecer la institucionalidad). Si parte de cero, un gobierno tiene solo dos años para ejecutar, porque el cuarto ya es campaña de nuevo”, explica. (I)

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